Colombia es uno de países con mayor riesgo de eventos catastróficos por su ubicación geográfica y por del cambio climático. ¿Qué está haciendo el Gobierno frente a esto y cómo pueden aportar las empresas para que avanzar hacia la sostenibilidad ambiental?
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La industrialización, la deforestación, la agricultura a gran escala y el crecimiento de la población son algunas de las actividades que aumentan la producción de gases de efecto invernadero (GEI). De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), con una mayor concentración de GEI la atmósfera se vuelve más opaca y no permite que los rayos solares que han ingresado salgan de manera natural. Como consecuencia de esta mayor concentración de rayos solares, se aumenta la temperatura.
A consecuencia de este fenómeno de calentamiento global se derriten los polos, sube el nivel del mar y las poblaciones costeras se ven afectadas. La agricultura también se ve impactada, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. En este contexto, los fenómenos climáticos son más intensos, frecuentes e impredecibles.
De continuar así, la Tierra será un lugar inhabitable en algunas decenas de años. Por eso, la mayoría de países está comprometida con ejecutar acciones que ayuden a reducir la emisión de los GEI y a recuperar, aunque sea en parte, los recursos que los hombres le han robado al planeta.
Para Elizabeth Prada, Gerente de Gobierno Corporativo de Bancolombia, “nuestro país está en el grupo de países con mayores niveles de riesgos catastróficos, lo que podría acarrear pérdidas económicas superiores a los USD 3.300 millones anuales”.
Según estudios de las autoridades en la materia, cerca del 40% del territorio nacional tiene un alto potencial de eventos hidrometereológicos tales como inundaciones y deslizamientos, en buena medida por su ubicación geográfica, sus extensas costas, su sistema montañoso y las seis regionales naturales con las que cuenta.
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A nivel mundial, tanto el sector público como el privado han comprendido la necesidad de emprender acciones para mitigar, contrarrestar y reducir el impacto de sus actividades sobre los recursos naturales.
Una de esas agendas, denominada Objetivos de Desarrollo del Milenio (con vigencia entre el 2000 y 2015), fue acordada por 189 países miembros de las Naciones Unidas y contenía un capítulo dedicado a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Esta agenda fue reemplazada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan erradicar la pobreza, promover la equidad y adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos, entre otros.
Los 17 ODS incluyen 168 metas y cada firmante debe decidir a cuáles apostarle, según su capacidad para promover cambios positivos para el medio ambiente.
* El objetivo 13 se firmó en 2016 con el fin de controlar el aumento de la temperatura mundial en por lo menos 2°C. A 2018, 175 países ratificaron este acuerdo, entre ellos Colombia.
Nuestro país se convirtió en un referente en términos de desarrollo sostenible, ya que a través de diferentes instancias como la Cancillería, promovió la adopción de esta agenda global y jugó un rol importante en las discusiones académicas previas a su definición. Pero más allá de eso, como los otros países firmantes, adquirió los siguientes compromisos frente al cambio climático:
Uno de los puntos clave para el país es la implementación de instrumentos económicos que le permitan viabilizar estos compromisos. Elizabeth Prada, Gerente de Gobierno Corporativo de Bancolombia, afirma que uno de ellos es la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria Estructural), donde se incluyó el impuesto al carbono de USD 5 por tonelada de CO2 y el impuesto sobre bolsas plásticas de hasta $50 pesos, que es asumido por los compradores.
En la misma normativa se aprobaron exenciones fiscales para proyectos de generación de energía renovables, como energía solar, eólica y biomasa, entre otras. Con esta reforma se buscaba avanzar en un sistema fiscal más integral que incluya el medio ambiente y la sostenibilidad.
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A pesar de que existen hojas de ruta, hay un sinnúmero de desafíos frente al cambio climático. Leonardo Velásquez, gerente y socio de La Tercera Mirada, firma de consultoría en temas de desarrollo sostenible y certificada como Empresa B, aclara cuáles son esos retos:
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Este tema preocupa si se tiene en cuenta que en Colombia, según el Ideam entre 2016 y 2017, se registraron 219.973 hectáreas deforestadas frente a las 178.597 registradas entre 2015 y 2016.
La pérdida del coral y de los ecosistemas más frágiles, hacen que haya una preocupación extra, aparte de la alta temperatura. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha liderado proyectos que buscan proteger a los ecosistemas de manglar.
Parques Nacionales de Colombia y cinco organizaciones privadas se unieron para proteger la diversidad entre la Cuenca Canal del Dique y los Montes de María, entre otros territorios del Caribe, con el fin de controlar naturalmente las inundaciones, al tiempo que la comunidad participa en proyectos productivos sostenibles y la fauna cuenta con un espacio óptimo para vivir y transitar.
Las pymes juegan un rol vital en la implementación de políticas relacionadas con el manejo y administración del riesgo de cambio climático, porque son la mayoría del tejido empresarial del país y las responsables de la generación de más del 70% del empleo.
Estas organizaciones pueden contribuir a mitigar los efectos del cambio climático con la transición hacia prácticas sostenibles y de bajas emisiones tras calcular su huella de carbono. Mediante este método pueden verificar en qué procesos y prácticas pueden realizar la transformación productiva.
La huella de carbono les permite saber en qué procesos empresariales están generando GEI, ya sea de forma directa o indirecta, y saber qué significa esto en términos de generación de CO2 liberado a la atmósfera. Así pueden implementar acciones correctivas que reduzcan esos porcentajes.
Hay que tener en cuenta que la huella de carbono depende en gran medida del sector o la actividad a la que se dedique la empresa. Por ejemplo, en una firma de consultoría se genera por el consumo de energía en las oficinas y la producción de CO2 durante los viajes de sus trabajadores, mientras que para las empresas industriales hay mayor impacto derivado de sus procesos productivos.
A partir de lo anterior, Leonardo Velásquez, gerente y socio de La Tercera Mirada, propone una ruta que como pyme puedes seguir para establecer y cumplir desafíos frente al cambio climático y reducir la huella de carbono:
En la actualidad también existen en el mercado aplicaciones y compañías que permiten a los usuarios comprar árboles a comunidades que se encargan de plantarlos y cuidarlos para que puedan llegar al nivel de madurez requerido para capturar CO2.
Una de esas empresas es Contreebute, que cuenta con una calculadora de huella de carbono y a partir del resultado, sugiere cuántos árboles se deben plantar para compensarla. A través de ella también se pueden adquirir los árboles. Contreebute es una empresa B, es decir que da soluciones a problemáticas sociales y ambientales y hace parte del Sistema B, que agrupa a empresas similares en Colombia y otros países latinoamericanos.
Otra iniciativa es BanCO2, una estrategia de pago por servicios ambientales única en el país, con la que empresas y personas pueden medir su huella de carbono y compensarla con dinero. Esos recursos se direccionan a más de 960 familias que forman parte del programa, en ocho departamentos, y se dedican a cuidar zonas de reserva. Bancolombia es el principal aliado de BanCO2 y a través del producto Ahorro a la Mano facilita el pago a cada familia mediante la apertura de una cuenta, de forma gratuita y a través del celular.
Es necesario que las políticas públicas y la normativa estén alineadas con las necesidades de los negocios, para implementar fuentes de energía y procesos productivos más amigables con el medio ambiente. En Colombia se ha avanzado en ese sentido, con la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Esta contempla incentivos tributarios (descuentos en el impuesto sobre la renta y en aranceles) para quienes realicen inversiones en fuentes no convencionales de energía.
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