Retos y claves para el desarrollo en la infraestructura vial de Colombia

Actualidad economica y sectorial25-03-2025

El desarrollo de la infraestructura vial en Colombia se enfrenta en la actualidad a un panorama complejo pues los proyectos de cuarta y quinta generación (4G y 5G) y obras terciarias ven la necesidad de fortalecer la inversión regional ante las restricciones presupuestarias impuestas por el actual Gobierno de Colombia.

Aunque el país ha logrado avances significativos en la modernización de su red vial, persisten retos en términos de financiación, ejecución eficiente y consolidación de un modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad y competitividad de sus corredores de transporte.

El impacto de estos avances ha sido evidente en la competitividad de los corredores viales del país. Según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el programa 4G ha elevado el nivel de las carreteras colombianas a estándares internacionales. A su vez, expertos como Jorge Ramírez Vallejo, de la Universidad de Harvard, destacan los beneficios para sectores clave como el turismo y la agroindustria, así como la mejora en la calidad de vida de las comunidades aledañas. 

El éxito de las concesiones 4G ha allanado el camino para la implementación de la quinta generación de proyectos de infraestructura, conocidos como 5G. Este programa se diferencia de los anteriores en su enfoque integral, que abarca no solo carreteras, sino también proyectos ferroviarios, aeroportuarios y fluviales, con un énfasis en la sostenibilidad ambiental y social. 

En la actualidad, Colombia cuenta con varios megaproyectos 5G en diferentes fases de ejecución, lo que garantiza una continuidad en la modernización de la infraestructura de transporte.

Entre los proyectos de la Primera Ola 5G, se destacan:

• El acceso Cali-Palmira, con un avance del 19,09 % y un cierre financiero de $1,5 billones.
• La autopista Buga-Buenaventura, que inició construcción en agosto de 2024 y cuenta con un financiamiento de $976.000 millones.
• La Troncal Magdalena I, cuya construcción comenzó en diciembre y se espera que tarde tres años.
• Otros proyectos, como la Troncal Magdalena II, el IP ALO SUR y los accesos Norte II, se encuentran en fase de preconstrucción y enfrentarán desafíos en términos de financiamiento y licenciamiento ambiental.

En Bogotá, la inversión en infraestructura ha mostrado una recuperación significativa tras la caída del 15 % registrada en 2023. Durante el primer semestre de 2024, las obras civiles crecieron un 34 %, impulsadas por megaproyectos como el Metro de Bogotá, cuya Primera Línea presenta un avance del 44,5 % y se espera que esté lista en 2027. La Segunda Línea, avanzaría un 16 % en el actual cuatrienio.

El Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán contempla una inversión de $22,3 billones en infraestructura, lo que posiciona a la capital como un epicentro del desarrollo vial en el país y, por ende, para otros municipios que conectan en la Sabana de Bogotá.

Principales desafíos para la infraestructura regional de Colombia

El Ministerio de Transporte ha propuesto el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional (PNVIR) como herramienta orientadora que permite conectar los territorios.

En este destaca que se hace necesario intervenir la red vial regional en donde se incluyen las vías secundarias y terciarias, la red fluvial y transporte aéreo, pues las mismas conectan las zonas más alejadas y marginadas del país mejorando las condiciones de la agricultura, el trabajo de las familias y comunidades campesinas incluidas en los planes nacionales a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural y demás planes que propendan a integrar el campo con los centros urbanos.

Por ello, la infraestructura regional de Colombia enfrenta desafíos debido a la reducción de recursos del Gobierno Nacional. El recorte de $12 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2025 impactará directamente al sector transporte, con una suspensión de $1,7 billones en inversión. 

Proyectos estratégicos como el Metro de Bogotá, la troncal de TransMilenio por la Calle 13, el Regiotram de Occidente y el Metro de la 80 en Medellín sufrirán recortes significativos, lo que pone en riesgo su continuidad y ejecución dentro de los plazos establecidos.

Además de las restricciones presupuestarias, la ejecución de la inversión pública ha sido notablemente baja en 2024. Hasta noviembre, solo el 31 % de los recursos habían sido obligados, con el Instituto Nacional de Vías (Invías) presentando un nivel de ejecución del 38,7 %, muy por debajo del promedio histórico. El programa Caminos Comunitarios para la Paz, diseñado para mejorar la conectividad rural con una inversión de $8 billones, ha mostrado un desempeño deficiente, con una ejecución de apenas el 16,3 % y un avance físico del 20 %.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, por ejemplo, espera que el departamento pueda recibir en mayo de 2025 el contrato restante del Invías del túnel del Toyo, al tiempo que el Gobierno alista una prórroga para esta licitación antes de entregársela a la entidad gubernamental y que es una de las principales obras 4G por terminar en Colombia, la cual, además conectará estratégicamente al centro y occidente del país con el futuro Puerto Antioquia, ubicado en Urabá.

Según Rendón, “le pedimos a la Nación que nos cediera el primer contrato, ya lo hizo y nosotros crecimos cerca de cinco puntos porcentuales en ejecución desde el momento en que lo recibimos”, explicó.

Ante este panorama, es fundamental que Colombia explore nuevas fuentes de financiamiento para garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura. Una de las alternativas más viables es el fortalecimiento de las Asociaciones Público-Privadas (APP), que han demostrado ser un mecanismo eficiente para atraer inversión privada en la ejecución de obras estratégicas.

La emisión de bonos de infraestructura y la diversificación de fuentes de financiamiento a través de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) también pueden contribuir a cerrar la brecha de inversión.

Asimismo, es necesario mejorar la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos, optimizando la planeación y gestión de los proyectos para evitar retrasos y sobrecostos. La agilización de los procesos de licenciamiento ambiental y la reducción de la burocracia en la adjudicación de contratos son medidas clave para garantizar que las obras avancen a buen ritmo y cumplan con los cronogramas establecidos.

Otras alternativas posibles ante la reducción de recursos del Gobierno Nacional podrían ser buscar fuentes de financiación alternativas para garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura. Estas son algunas opciones:

En conclusión, Colombia enfrenta un desafío crucial en la consolidación de su infraestructura vial. Aunque los avances en los proyectos 4G y 5G han sido significativos, la reducción de recursos del Gobierno Nacional y las dificultades en la ejecución de la inversión pública amenazan con frenar el desarrollo del sector.

Para garantizar la continuidad de los megaproyectos y fortalecer la recuperación de la infraestructura regional, es clave la diversificación de las fuentes de financiamiento, mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y fomentar un entorno propicio para la inversión privada.

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