Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y sus impactos en los ingresos de las regiones

Actualidad economica y sectorial19-02-2025

El Congreso de la República aprobó a finales del año pasado la conciliación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) por lo que el proyecto de acto legislativo, que le apunta a fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios de Colombia, pasó a sanción presidencial.

Sin embargo, tras meses de discusiones en el Legislativo, analistas externos advirtieron que nunca se abordaron temas fundamentales para lograr una verdadera descentralización en los entes territoriales y que la discusión se centró en los montos a transferir.

De hecho, una de las recomendaciones de la Misión de Descentralización para no caer en una descentralización asimétrica, encargada por del Departamento Nacional de Planeación (DNP), fue construir unas nuevas categorías que reconozcan las características de los entes territoriales no solo por cantidad de población y desarrollo económico, sino mediante nueve criterios que incluyen vocaciones, potencialidades y características geográficas, entre otros. 

¿Qué estrategias tienen las entidades territoriales para fortalecer sus tributos?

Actualmente, el 92 % de los municipios corresponden a las categorías 5 y 6 por su población y el tamaño de sus ingresos.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que para garantizar la eficiencia del gasto a nivel territorial es fundamental que las regiones fortalezcan los ingresos tributarios propios porque ellos son fuente fundamental de autonomía.

Sin embargo, no para todos los casos es viable generar recursos propios vía impuestos o la capacidad de hacerlo es limitada y, además, hay un agravante en el caso de las finanzas territoriales: el alto nivel de endeudamiento.

José Ricardo Herrera, director asociado en BRC Ratings – S&P Global, explicó que para los municipios es factible aumentar el recaudo, por ejemplo, del impuesto predial luego de la actualización catastral, que en algunos casos llevaba 10 o 15 años retrasada, o del impuesto de industria y comercio, el cual está muy atado a la dinámica económica, por lo que responde a políticas propias para dinamizar el consumo.

Para los departamentos la historia es diferente, de entrada, más compleja. Según Herrera, los principales recursos provienen del consumo de cigarrillo y alcohol, un consumo que no se puede incentivar, no solo por lo contradictorio del discurso sino porque les implicaría hacer una mayor inversión en salud en el largo plazo.

La opción, de acuerdo con el experto, sería competir por el traslado de matrículas a sus departamentos vía descuentos o beneficios para aumentar la base de tributos, porque las matrículas nuevas se han reducido de forma importante, o incentivar los beneficios de los vehículos eléctricos para registrar nuevas matrículas, aunque este último sería más a mediano plazo.

Finalmente, podrían diseñar políticas que dinamicen el turismo en pro del consumo interno. Además, las medidas que puedan tomar en seguridad también les van a ayudar a dinamizar el recaudo. “Hemos visto que la problemática del contrabando también está afectando la renta de los departamentos porque se ha agudizado en los últimos años”, reveló Herrera.

¿Cómo están hoy las finanzas territoriales?

El director asociado en BRC Ratings – S&P Global manifestó su preocupación por la posibilidad de que la deuda llegue a máximos históricos y se vuelva insostenible en el mediano y largo plazo, un tema al cual le están haciendo seguimiento.

La coyuntura, con un crecimiento económico moderado y un consumo que coincide con las variaciones del Producto Interno Bruto (PIB), haría el panorama aún más desafiante para las regiones, pues allí la dinámica económica es muy importante para el recaudo de sus ingresos, según Herrera.

“Las políticas propias para dinamizar la economía nos permitirían tener mayor tranquilidad ante niveles de deuda altos por el ritmo de desapalancamiento que vamos a estar viendo los próximos tres o cuatro años de esos territoriales que vienen con niveles altos de deuda”, explicó el vocero.

La reforma tributaria de 2021, que le apuntaba a la flexibilización del gasto tras la pandemia, permitió que los niveles de deuda en las regiones llegaran al 100 % de los ingresos corrientes y se mantuvieron allí durante años en medio de un boom de ejecución de obras y contratos “para prender la máquina económica de las regiones y para tener resultados qué mostrar”, contó Herrera.

Pero esta dinámica, que en el pasado fue una ventaja, les ha restado flexibilidad a las administraciones locales siguientes para apalancar sus planes de desarrollo de 2024 y los consecutivos. “Estamos viendo que las nuevas administraciones se preguntan qué pueden hacer con lo que reciben. Estamos expectantes de cómo estructurar los planes de desarrollo ante esas dificultades o inflexibilidades y menor capacidad de endeudarse”, dijo.

¿Las regiones tienen capacidad de ejecución?

El director de Fedesarrollo puso en tela de juicio las capacidades institucionales a territorial y lamentó que la reforma sea homogénea y no considere esas diferencias.

José Ricardo Herrera de BRC Ratings – S&P Global coincidió con él en que, si bien es positivo que los entes territoriales reciban más recursos, el asunto radica en la capacidad institucional que tenga cada ente para ejecutarlos.

“Si no se pueden ejecutar por las dificultades institucionales o administrativas y la capacidad de cada ente va a dar lo mismo, aunque las transferencias permitan que disminuya su nivel de deuda ya no necesitarían recursos complementarios”, señaló.

El exdirector de la Misión de Descentralización, Darío Restrepo, recordó que en los estudios que hicieron para evaluar el modelo actual de competencias encontraron que mientras hay entidades territoriales con mucha capacidad (Bogotá, Medellín, Barranquilla, etc.), hay otras que tienen una vocación ‘clientelista’ o de servicio y ni siquiera cuentan con suficientes funcionarios.

Según Restrepo, la descentralización de funciones necesariamente debe acompañarse de una definición de límites en autonomía que impliquen más responsabilidades para las ciudades capitales. También se debe impulsar el fortalecimiento de capacidades de entes territoriales, en particular de aquellos más precarios en términos de fragilidad económica, institucional y social.

Usualmente estos municipios se caracterizan por su riqueza ambiental (más del 60 % del territorio en reserva), una gran densidad étnica y poblaciones principalmente rurales, por lo que recaudan impuestos más bajos que el promedio y tienen una alta dependencia de las transferencias.

En consecuencia, Mejía cree que será necesario un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia “para lograr que los recursos de los municipios y departamentos que se ejecuten en el orden territorial realmente tengan el impacto deseado”.

Por su parte, Herrera advirtió que es muy importante definir qué deja de hacer la Nación y se les asigna a los entes territoriales para que ellos ejecuten, así como evaluar la capacidad que tienen para desarrollarlos. “Aunque será a largo plazo es muy importante lo que derive de esos compromisos que asuman las regiones”, sentenció.

Por lo pronto, el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación que se destina al SGP se seguirá calculando de acuerdo con la fórmula anterior, que establece que la variación será igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los Ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores.

Fuentes:

• ABC sobre reforma al SGP: https://www.mininterior.gov.co/noticias/abc-reforma-al-sistema-general-de-participaciones

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