¿Cuáles son las propuestas de las entidades para tener autonomía fiscal en Colombia?

Actualidad economica y sectorial19-09-2024

La distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales ha sido objeto de debate y análisis recientes en el país. La capacidad de los entes territoriales para decidir sobre sus propios asuntos, gestionar sus recursos financieros, distribuir la inversión acorde a sus necesidades y participar en el recaudo de rentas nacionales, son aspectos clave para fortalecerlas y promover un avance más equilibrado y que responda a las demandas específicas de cada región.

La Constitución Política de 1991 estableció un marco jurídico para la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades territoriales. Sin embargo, en la práctica, persisten desafíos y limitaciones que lo impiden. La dependencia de las transferencias del Gobierno central, la rigidez en el manejo de los recursos y la falta de capacidad técnica y administrativa en algunas entidades territoriales, son algunos de los obstáculos que se presentan considerando que Colombia tiene 1.103 municipios distribuidos en 32 departamentos que deben buscar cómo generar sus propios ingresos por medio de impuestos locales, tasas, contribuciones e intercambios de obras por impuestos.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) resalta que “la autonomía de las entidades territoriales hace referencia al margen de decisión otorgado para ejercer las funciones asignadas en virtud de la descentralización, debido a que cuentan con un alto grado de independencia en la administración y manejo de sus intereses dentro de los límites de la Constitución”, situación que, no obstante, para algunos se queda sobre el papel y obliga a gobernadores y alcaldes a estar en busca de recursos para los proyectos que tienen en cada una de sus regiones.

Además, la concentración del poder de decisión en el nivel central y la falta de mecanismos efectivos de participación ciudadana en la definición de las políticas fiscales han limitado históricamente la capacidad de las entidades territoriales para responder a las demandas y prioridades de sus comunidades. 

¿Qué propuestas hay para lograr mayor autonomía fiscal territorial?

Diversos actores y expertos han planteado propuestas para avanzar hacia una mayor autonomía fiscal territorial en Colombia. Algunas de estas propuestas incluyen: 

• Fortalecimiento de la capacidad fiscal de las entidades territoriales: esto implica mejorar la gestión tributaria, ampliar la base de contribuyentes, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, y promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

• Mayor flexibilidad en el uso de los recursos: permitir que las entidades territoriales tengan un margen de maniobra superior en la asignación y ejecución de los recursos, de acuerdo con sus necesidades y prioridades específicas.

• Participación en el recaudo de rentas nacionales: establecer mecanismos que permitan a las entidades territoriales participar en el recaudo de algunas rentas nacionales, como el impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto de renta, y recibir un porcentaje de lo recaudado en su territorio.

• Descentralización de competencias y recursos: transferir capacidades y recursos del nivel central a las entidades territoriales, de manera gradual y ordenada, garantizando la capacidad técnica y administrativa para asumirlas.

• Fortalecimiento de la participación ciudadana: promover mecanismos de cooperación ciudadana en la definición de las políticas fiscales territoriales, a través de consultas populares, audiencias públicas y otros espacios de diálogo y concertación.

Una de las voces más visibles de la nueva propuesta de autonomía fiscal que busca modificar el artículo 298 de la Constitución, el cual determina que cada departamento decide cómo administrar sus recursos dentro de la ley, con la finalidad que estos gestionen, administren y recauden los impuestos de renta y de patrimonio de empresas y personas, es Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien explica que es necesario cambiar la limitación en los ingresos que se han venido presentando en los departamentos por una alta dependencia de las transferencias de la nación.

Por ello, ha propuesto un referendo para que se adicione un parágrafo al artículo 298 de la Constitución que estipule que los tributos directos de renta y patrimonio, hoy administrados por la nación, pasen directamente a los departamentos.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y miembro del Comité Promotor del referendo ‘Por las Regiones, firme’, explicó sobre la importancia de esta propuesta que “esto permitirá a los departamentos desarrollar proyectos importantes en infraestructura y servicios, mejorando su capacidad para identificar y resolver problemas locales, por lo cual es una iniciativa muy interesante a pesar del momento político que se vive en Colombia”.

Por otro lado, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha mostrado su desacuerdo con esta propuesta y ha expresado que el debate sobre la descentralización y autonomía territorial debe realizarse, pero con base en las recomendaciones de la Misión de Descentralización.

En este sentido, Ocampo destaca que la propuesta de referendo actual debe ser descartada porque implicaría que los departamentos podrían reducir el impuesto de renta para atraer inversiones por lo que “esta competencia tributaria sería desafortunada, como lo es en Estados Unidos. La cooperación tributaria internacional promovida por la OCDE y la ONU ha buscado limitar dicha competencia”.

¿Qué posibilidades tienen las entidades territoriales para participar en el recaudo y posterior inversión de las rentas del Gobierno?

Actualmente, las entidades territoriales tienen una participación limitada en el recaudo de las rentas del Gobierno. La principal fuente de ingresos para la mayoría de ellas son las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), que se distribuyen de acuerdo con criterios establecidos por la ley.

Sin embargo, existen algunas posibilidades para que las entidades territoriales participen en el recaudo y posterior inversión de las rentas del Gobierno:

• Impuestos territoriales: las entidades territoriales tienen la facultad de crear y administrar algunos pagos regionales, como el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, y el impuesto de vehículos.

• Participación en regalías: las entidades territoriales productoras de recursos naturales no renovables reciben un porcentaje de las regalías generadas por la explotación de estos bienes en su territorio, los cuales deben ser invertidos en proyectos de desarrollo sostenible y para beneficio de la comunidad.

• Cofinanciación de proyectos: el gobierno nacional establece programas y proyectos que requieren la cofinanciación de las entidades territoriales. Esto les permite participar en la inversión de recursos públicos y orientarlos hacia proyectos de su interés.

• Alianzas público-privadas: las entidades territoriales pueden establecer alianzas público-privadas para desarrollar proyectos de infraestructura y servicios públicos, lo que les permite movilizar recursos privados y generar ingresos adicionales.

Es importante destacar que la participación de las entidades territoriales en el recaudo y posterior inversión de las rentas del gobierno debe estar acompañada de mecanismos de control y transparencia, para garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

Desafíos y perspectivas de la autonomía fiscal territorial

La Registraduría Nacional del Estado Civil inscribió el Comité Promotor y reconoció la iniciativa para un referendo constitucional aprobatorio. Lo consiguiente es recolectar, en un lapso de seis meses, cuatro millones de firmas y certificar por lo menos dos millones para que pase a debate en el Congreso de la República. 

Puntualmente, el comité busca que "los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejen de ser impuestos nacionales y pasen a ser departamentales y del Distrito Capital por mandato constitucional, por lo que los recursos que se deriven de su recaudo serán de propiedad de estos de forma conjunta.  

Su distribución se hará teniendo en cuenta, entre otros principios, a los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial y eficiencia, lo que garantiza el carácter redistributivo y equitativo de dicho ingreso. Finalmente, el referendo se constituye como la única opción viable para llevar a cabo el cambio constitucional propuesto atendiendo a la existencia de un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales y la falta de incentivos políticos y económicos en el gobierno nacional para profundizar la descentralización fiscal en favor de los departamentos”. 

Ante este panorama, el camino hacia una mayor autonomía fiscal territorial en Colombia presenta desafíos importantes. La resistencia al cambio de algunos sectores, la falta de voluntad política para ceder poder y recursos y la necesidad de fortalecer la capacidad técnica y administrativa de las entidades territoriales hacen parte de los obstáculos que se deben superar.

Por ello, es importante analizar la implementación de las propuestas mencionadas y generar un diálogo constructivo entre el gobierno central y las entidades territoriales para construir un modelo de descentralización fiscal que responda a los desafíos del país y promueva un desarrollo más justo y equitativo para todos los colombianos.

Fuentes:

• https://observatorio.auditoria.gov.co/documents/37869/914635/AUTONO~1.PDF/7fedaf92-2a72-9fbb-5a84-381f90949384?t=1606420665503

• https://www.elcolombiano.com/negocios/polemica-referendo-autonomia-fiscal-andres-julian-rendon-AD25048800  

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