Proyección inversión social en Colombia para 2025: implicaciones ante reducción general

Actualidad economica y sectorial20-11-2024

En medio de la no aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025 (PGN) por parte del Congreso de la República, razón por la que este será expedido por decreto por el Gobierno colombiano, la distribución de los recursos para la inversión social y los diferentes sectores involucrados despierta interés por conocer cómo se abordarán las necesidades de las personas más vulnerables en Colombia, ante la notoria reducción en diferentes áreas. 

A su vez, para la inversión que se distribuye a los diferentes sectores sociales, la reducción llegaría a ser de un 17,4 % respecto al año pasado. En contraparte, los rubros de funcionamiento y servicio de deuda crecen 6,2 % y 19,1 %, lo que ha despertado algunas críticas en diferentes sectores.

El gremio Aliadas ha solicitado al Gobierno colombiano reconsiderar la reducción planteada y recomendó, en cambio, disminuir los gastos en "áreas que no aportan a la productividad".

Por su parte, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, ha llamado la atención sobre las repercusiones de disminuir la inversión. "La primera de ellas es que limita una gran oportunidad para impulsar el crecimiento económico mediante la inversión pública, que es quizá la herramienta más crucial para activar un motor de crecimiento en la economía”, explicó.

En medio de esta situación, la estrategia del Gobierno, de acuerdo con el MinHacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se centra en un enfoque de territorialización que pretende distribuir más equitativamente los recursos, cerrando brechas sociales y regionales. 

El proyecto del PGN para 2025 se fundamenta en una proyección de crecimiento del PIB del 3 %, aunque otros organismos como el Banco de la República y Fedesarrollo advierten que este crecimiento podría ser optimista, especialmente en un contexto de inflación desacelerada y tasas de interés altas. Esto plantea riesgos para el cumplimiento del presupuesto si no se logra el recaudo proyectado de $31,1 billones, lo cual afectaría la capacidad del gobierno para cumplir con su meta de inversión social.

Por ello, una de las características destacadas del PGN 2025 es el enfoque en la territorialización de los recursos, con el objetivo de distribuir de manera equitativa el presupuesto a las regiones más desfavorecidas. Este busca mejorar la cobertura de servicios básicos, como salud, educación, agua potable y vivienda, en comunidades rurales y apartadas, promoviendo un desarrollo más equilibrado en todo el país.

En este sentido varios ministerios como Hacienda, Educación, Transporte o Energía, entre otros, han expresado posturas que resaltan la territorialización como clave para abordar las disparidades existentes entre las regiones y asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso a infraestructura básica y servicios de calidad.

Sectores sociales destacados por inversión

De acuerdo con el PGN 2025, la inversión se prioriza en recursos para programas sociales y en sectores estratégicos de la siguiente manera: 

• Igualdad (incluyendo entidades como el ICBF) ($10 billones).
• Educación ($8 billones).
• Inclusión ($7,9 billones).
• Vivienda ($4,2 billones).
• Salud ($2,1 billones).

Según el Gobierno, con estas asignaciones, se dirige la inversión pública hacia temas prioritarios como el derecho humano a la alimentación, el acceso a la educación para la niñez y la juventud, el cuidado de la primera infancia y el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, agua y saneamiento.

Educación ($8 billones)

• El sector educativo recibe una de las asignaciones más altas, con el objetivo de mejorar la infraestructura en zonas rurales y expandir programas de acceso a la educación superior técnica y profesional para jóvenes vulnerables. Estos fondos también buscan impulsar la cobertura de educación básica y media en áreas con bajas tasas de escolaridad, respondiendo a la necesidad de mejorar las oportunidades educativas y reducir las tasas de deserción.

Inclusión ($7,9 billones)

• La inclusión se dirige a promover programas de calidad en zonas rurales. Esto incluye la asignación de recursos para la adquisición de equipos médicos y el abastecimiento de medicamentos esenciales. La meta es reducir las brechas, especialmente en las zonas más apartadas, donde la cobertura y calidad de los servicios suelen ser limitadas.

Vivienda ($4,2 billones)

• El presupuesto para vivienda busca reducir el déficit habitacional con un enfoque en la construcción de viviendas de interés social para familias de bajos ingresos. Se espera que el programa de subsidios de vivienda amplíe su cobertura para incluir a jóvenes y familias rurales, promoviendo una mayor inclusión y seguridad habitacional. El objetivo es que esta inversión no solo mejore la calidad de vida, sino que también impulse el desarrollo económico local.

Agua potable y saneamiento básico ($2 billones)

• Con un enfoque en garantizar el acceso a agua potable en zonas rurales, la inversión en este sector permitirá construir infraestructura esencial para el suministro de agua y saneamiento básico. Este sector ha sido históricamente descuidado en varias regiones de Colombia, por lo que esta inversión es crucial para mejorar la salud pública y las condiciones de vida en áreas donde el acceso al agua es limitado o inexistente.

Infraestructura vial y conectividad ($1,2 billones)

• La inversión en infraestructura vial tiene como objetivo mejorar la conectividad de las regiones rurales, facilitando el acceso a servicios de salud y educación, así como a mercados y oportunidades económicas. Se priorizarán proyectos de construcción y mantenimiento de vías terciarias, lo cual es vital para el desarrollo rural y la integración de las comunidades apartadas en la economía nacional.

Otras posturas y observaciones de actores clave

Ministerio de Hacienda y Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)

En medio de este panorama, el Ministerio de Hacienda proyecta un aumento en los ingresos fiscales para 2025, respaldado en parte por la Ley de Financiamiento y las gestiones de la DIAN. 

Sin embargo, el CARF advierte sobre la alta dependencia de ingresos inciertos, señalando que, si estas proyecciones no se cumplen, el Gobierno se vería obligado a realizar ajustes adicionales en el gasto, lo cual podría impactar los programas de inversión social.

Para el CARF, el PGN 2025 muestra un margen de maniobra limitado para que el Gobierno realice ajustes frente a choques inesperados que afecten los ingresos.

En los gastos de funcionamiento, las mayores inflexibilidades se tienen en las transferencias dentro de las que se incluyen, en orden de magnitud, las del Sistema General de Participaciones (SGP), las obligaciones pensionales (incluyendo los regímenes especiales de las fuerzas armadas y otros; y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG), el aseguramiento en salud, y otras como las realizadas a Instituciones de Educación Superior Públicas, el resto del FOMAG sin pensiones y sentencias y conciliaciones.

Adicionalmente, se tienen inflexibilidades por leyes que generan rentas de destinación específica, que por disposición legal asignan porciones específicas de los ingresos a entidades o rubros de gasto, apunta. 

Fedesarrollo y ANIF

Fedesarrollo, dirigido por Luis Fernando Mejía, ha resaltado la importancia de reducir la incertidumbre económica para fomentar la inversión privada y pública. En este contexto, la implementación de políticas de inversión social con un enfoque territorial es una medida positiva, pero los expertos advierten que el éxito dependerá de la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica y lograr el crecimiento proyectado del PIB.

Por su lado, José Ignacio López, presidente de ANIF, ha explicado que el Gobierno debería materializar un presupuesto acorde con las cuentas nacionales, por lo cual reiteró su propuesta de un proyecto cercano a $500 billones.

La sostenibilidad del PGN 2025 dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para cumplir con la Regla Fiscal y evitar un aumento insostenible en la deuda pública. En este sentido, Fedesarrollo reitera que el CARF ha expresado su preocupación por el aumento en el déficit fiscal y la dependencia en ingresos tributarios inciertos, que podrían comprometer la estabilidad de la economía en el mediano plazo si no se logra el recaudo proyectado.
 

Fuentes:

• PGN 2025: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntOrdenNacional/pages_presupuestogralnacion/presupuestogeneraldelanacin2025/proyectodeleypgn2025 

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