Carbono neutralidad: más allá de la filantropía

Tendencias27-11-2017

Los impuestos verdes se basan en la premisa de que el que contamina paga. Lo cierto, desde el punto de vista empresarial, es que no necesariamente paga el impuesto, ya que las compañías pueden compensar y generar beneficios económicos adicionales.

Impuesto al Carbono: un instrumento de gestión frente al cambio climático

Pensar que la sostenibilidad como pilar estratégico de las organizaciones es una cuestión de mero altruismo es una falacia en tiempos modernos. Colombia, un país con aspiraciones de pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene un reto grande: alcanzar crecimiento económico sostenible.

Este año el país obtuvo un logro muy importante de cara al ingreso a esta organización: fue admitido como miembro del Comité de Política Ambiental, lo que ratifica su compromiso en esta materia. Dicho resultado ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la adopción de los denominados “impuestos verdes”, tributos que parecen tener un “apellido moderno”, pese a que su origen no lo es tanto.

En la teoría económica datan de 1920 con los planteamientos del economista Arthur Pigou, pionero del concepto de la economía del bienestar. En su tesis, Pigou sostenía que el Estado podía promover el bienestar común mediante la corrección de externalidades negativas como la contaminación, mediante instrumentos económicos (como los impuestos) que incentiven la reducción de agentes contaminantes propios de un proceso productivo.

Independiente de la respuesta de las empresas, el objetivo final es uno solo: incluir los costos “invisibles” por el uso de bienes comunes, entendiendo estos bienes como aquellos que están a disposición de todos los agentes (no excluyentes), pero cuya disponibilidad es agotable, por lo que la cantidad consumida por un individuo afecta la que podría consumir otro (rivales). Si las empresas pagan el impuesto, el destino del recaudo es reinvertido por el Estado en actividades que contribuyan con la mejoría del bienestar ambiental.

En la pasada reforma tributaria, surgió en Colombia el Impuesto al Carbono, un tributo que recae sobre el uso de combustibles fósiles que sean utilizados con fines energéticos. De este modo se avanza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en COP21, donde el país se comprometió a reducir en un 20% las emisiones de gases efecto invernadero hacia el año 2030, aportando al control del calentamiento global, fenómeno que amenaza con aumentar la temperatura promedio en niveles indeseados. Ahora, es de tal magnitud la problemática ambiental, que según un informe científico independiente que mide las acciones de los gobiernos frente al cambio climático (Climate Action Tracker), aun cumpliendo los compromisos adquiridos, no se lograría el objetivo, que es mantener el calentamiento por debajo de los 2°C.

De esta manera, las empresas como agentes relevantes en el logro de una sociedad baja en carbono están llamadas a incluir como un pilar estratégico el desarrollo de procesos productivos limpios, debido a que la internalización de esta externalidad tendrá una incidencia directa sobre los resultados en materia económica. Por ejemplo, el nivel de compromiso de una organización frente al asunto puede mejorar la valoración de activos intangibles, tales como la marca y la reputación; además de impulsar la competitividad de la organización en cuanto a la eficiencia en el manejo de los recursos y su consecuente impacto en la estructura de costos.

En suma, no actuar en un ambiente de crecientes impuestos verdes, cuando la competencia decida transformar sus procesos, podría significar para una compañía el pago de estos tributos, el deterioro de su imagen y su posición competitiva.

¿Te pareció útil este contenido?