Ley de acción climática: el camino hacia la sostenibilidad
Tendencias09-08-2022
Tras haber sido presentada desde septiembre de 2021 en el Congreso de la República, en diciembre de ese año el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la Ley 2169 o Ley de Acción Climática que, en términos generales, busca crear medidas a corto, mediano y largo plazo que le permitan al país alcanzar la carbono neutralidad a 2050.
Por un lado, el documento establece unas metas nacionales claras en lo referente a la mitigación de gases efecto invernadero (GEI) a 2030 y, por el otro, muestra objetivos de adaptación al cambio climático desagregados puntualmente en siete sectores económicos.
Específicamente se habla de reglas claras en esta materia para los siguientes sectores:
- Minas y energía.
- Vivienda, ciudad y territorio.
- Agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.
- Comercio, industria y turismo.
- Transporte.
- Ambiente y desarrollo sostenible.
- Salud.
“Colombia es un país pionero en la región en la gestión y manejo ambiental. La ley confirma su compromiso en la materia y la voluntad de querer cumplir con los tratados internacionales y los compromisos que se han establecidos en las COP (Conferencia de las Partes que realizan las Naciones Unidas sobre el cambio climático) mostrando al país como líder en temas ambientales”.
Clara Inés Pardo, experta de la Universidad del Rosario
En lo referente a la mitigación, la ley, que fue fomentada desde el Ministerio de Ambiente, estipula que Colombia se compromete a reducir 51 % sus emisiones de gases efecto invernadero con varias acciones. Por un lado, en 2023, el país solo podrá emitir un máximo en todo el territorio de 169,44 millones de tCO2eq (tonelada CO2 equivalente); y también se habla de alcanzar la carbono-neutralidad a 2050.
Así mismo, en el documento se detallan otros compromisos:
- Establecer presupuestos de carbono para el periodo 2020-2030 a más tardar en 2023.
- Reducir las emisiones de carbono negro* en un 40 % respecto al 2014.
- Reducir la deforestación neta de bosque natural hectáreas/año a 2030, a partir de la implementación de herramientas de política y de mercado.
[*] El carbono negro (CN) forma parte de los llamados contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), entre los que se encuentran también el metano (CH4), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC).
Impacto de la ley para los empresarios de todos los sectores del país
La Ley de Acción Climática plantea la necesidad de cuantificar las emisiones de GEI para todas las empresas y sectores, creando el Reporte Obligatorio de Emisiones – ROE. Para esto, el ministerio desarrollará próximamente un modelo para solicitarles a las empresas que cuantifiquen las emisiones directas o indirectas y que finalmente permitan contar con unos inventarios de gases efecto invernadero.
Este reto es relevante para Colombia que no cuenta con inventarios actualizados y podrán ser sectoriales. Cabe resaltar que desde 2015 se había creado en Colombia –bajo la Ley 1753 de 2015– el RENARE o Registro de Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases Efecto Invernadero, el cual se modifica mediante la nueva Ley, pero mantiene la intención de que el RENARE sea el modelo de registro de todos los proyectos de reducción de emisiones.
Esta ley propone el desarrollo de mecanismos financieros para que tanto el sector público como privado desarrollen proyectos de reducción de emisiones y carbono neutralidad, entre ellos, destinaciones para el impuesto al carbono, fondos para movilidad pública sostenible y fortalecimiento de mercados de carbono.
Por su parte, Claudia Navas, analista senior de Control Risks, argumentó que esta ley es relevante en la medida en que traza metas concretas y medibles para Colombia. Sin embargo, “como cualquier otra ley, el gran desafío es su efectiva implementación y que haya el liderazgo necesario para impulsarla y generar la coordinación nación-territorio y gobierno-sector privado”.
Estas son algunas de las metas por sectores:
El recorrido de la sostenibilidad
Si bien Colombia enfatizó en sus objetivos de sostenibilidad con el establecimiento de esta ley, muchos de los sectores que en ella se señalan ya venían avanzando previamente en el camino hacia actividades más amigables con el ambiente.
Precisamente uno de los casos es el del sector de la construcción, al que la nueva normativa le exige, por ejemplo, promover edificaciones sostenibles, mediante la implementación de estrategias para el uso eficiente del agua y la energía.
En esta línea, como comenta Roberto Moreno, presidente de Amarilo, una de las constructoras más grandes del país, durante los últimos trece años este compromiso se potenció de manera significativa acompañado de un auge de sistemas de certificación sostenible que ha tenido un papel importante en la adopción de la sostenibilidad en los proyectos de construcción.
Lo anterior acompañado de políticas públicas como la Ley 1715 de 2014, la Resolución 0549 de 2015 o el Decreto 1285 del mismo año, entre otros, incentivando la adopción de prácticas sostenibles, llevando a que Colombia se destaque a nivel mundial por ser uno de los líderes en construcción sostenible.
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“Durante los últimos trece años este compromiso se potenció de manera significativa acompañado de un auge de sistemas de certificación sostenible que ha tenido un papel importante en la adopción de la sostenibilidad en los proyectos de construcción”.
Roberto Moreno, presidente de Amarilo
Amarilo cuenta actualmente con ocho proyectos certificados en construcción sostenible y en 2021 realizó su primera medición de huella de carbono a lo largo de la totalidad del ciclo de vida en un ejercicio piloto en el que se evaluaron cinco de sus proyectos.
Del lado de los hidrocarburos, para alcanzar los objetivos se busca generar acciones de eficiencia energética, reducción de emisiones, gestiones para el adecuado tratamiento de las emisiones fugitivas en la cadena de hidrocarburos, e iniciativas para reducir la diferencia de consumo energético entre horas pico y valle con la generación de fuentes menos contaminantes.
La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) resaltó que en el camino hacia la sostenibilidad del sector se debe analizar el ciclo completo de producción desde cero de fuentes de energía renovable (paneles solares, parques eólicos) y no solo las emisiones de estas cuando ya estén totalmente finalizadas.
“Además, una de las metas más importantes es la neutralidad de carbono y para esto se debe trabajar de manera conjunta con todos aquellos actores del sector que impulsemos el desarrollo de nuevos energéticos como el hidrógeno y fomentar el gas como actor fundamental en esta transición”, añadió el gremio.
Finalmente, en el sector de agricultura, uno de los que por su naturaleza es de los que más agua emplea, la nueva ley plantea que se deben realizar acciones para la adopción de modelos y tecnologías integrales que aumenten la eficiencia y reduzcan las emisiones de GEl de los cultivos.
Se espera que esto se logre mediante métodos y prácticas para pronósticos del tiempo, modelamiento de cultivos, agricultura de precisión y sistemas de riego por múltiples entradas.
“Es un terreno donde hay mucho por hacer. Definitivamente el tema de educación será esencial para que los productores mejoren aún más las buenas prácticas que contribuyan a la sostenibilidad de los procesos y de los esfuerzos para reducir los gases efecto invernadero”, concluyó Jorge Bedoya, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia (SAC).
¿Cuáles son los mayores retos?
- La inversión que implica tener una matriz energética más limpia.
- Garantizar el cumplimiento efectivo de la ley frente a delitos ambientales, particularmente la deforestación.
- Lograr un balance entre las acciones que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero con el costo de producción para no afectar la competitividad.
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Fuentes
- Ley 2169 del 22 de diciembre de 2021.
- Decreto 172 de 2022, Ministerio de Ambiente de Colombia.
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