Entrega de licencias ambientales en sector energético, títulos mineros y protección de zonas POMCA en Colombia: ¿cómo avanzan?

Actualidad economica y sectorial18-06-2024

En medio de la atención por la preservación del medio ambiente y su relación con actividades productivas como la minería, energía, infraestructura y el otorgamiento de licencias ambientales claves para el desarrollo de estos proyectos en Colombia, al igual que los impactos en políticas relacionadas con los títulos de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), es clave explorar cómo se encuentran estos asuntos en el ámbito nacional. 

En primera instancia, el otorgamiento de licencias ambientales en los sectores energético, hidrocarburos y minería, se han convertido en un asunto crítico para el desarrollo de importantes proyectos en el país y la seguridad energética del mismo. 

Esto es fundamental para ejecutar dichas obras pues la obtención de la licencia garantiza el uso y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y permite evaluar los impactos que puedan generar los proyectos, lo que a su vez se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida para las personas que habitan en zonas aledañas. 

Específicamente en el sector energético, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, resaltó avances en la entrega de licencias ambientales, a pesar de archivar algunas iniciativas que han escalado en Colombia. 

Según la ministra, haciendo un comparativo histórico, desde que se dio vía a la transición energética -con la ley que generó los habilitantes-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ha entregado 40 licencias para proyectos de generación de energías renovables y sus líneas de transmisión.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Ambiente, así ha avanzado la entrega de licencias ambientales, específicamente para proyectos energéticos, con corte al primer semestre de 2024:
 

El director de la ANLA, Rodrigo Negrete, explicó que la entidad se prepara para sacar un proyecto de ley que impulse los procesos de licencias ambientales en el país.

“Es un gran reto, estamos apenas en los primeros ejercicios, pero vamos a trabajar el proceso de licenciamiento ambiental. Es claro que el Estado tiene que brindar información que hoy está dispersa y no tiene nivel de detalle. Hay unos problemas de escala graves y tenemos una cantidad de institutos que tienen que generar la información”, dijo Negrete.

Según Negrete, algunos avances apuntan a la información específica en un área determinada, sin olvidar la integralidad. “Ahí es donde entra el tema del impacto, debemos cambiar eso. Si eso lo logramos, y lo sacamos como un proyecto de ley, vamos a aliviar las cargas a las empresas en los estudios que tienen que presentar de impacto ambiental y nivelar la base de la información”.

De acuerdo con el líder de la ANLA, esto llevaría a una reducción frente a la exigencia ambiental, asociado al conocimiento del territorio para que el estudio sea más liviano y más concreto frente a la descripción del proyecto y a su impacto.

El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, ha reiterado la importancia de que estas intenciones se materialicen, pues proyectos clave para la seguridad energética de Colombia como Colectora en La Guajira y Colombia deben servir para estimular la inversión en generación de energías limpias que suplirán en el futuro las crecientes necesidades energéticas.

Ortega ha explicado que el GEB se compromete a entregar construida la línea Colectora en un lapso de 100 semanas a partir de que la ANLA otorgue los permisos para empezar la fase constructiva del tramo Cuestecitas – Colectora del proyecto.

A su criterio, es fundamental avanzar en la discusión sobre los cambios regulatorios que necesita el sector eléctrico en Colombia, significativamente afectado por la capacidad que tienen pequeños grupos de la sociedad en distintas zonas del país, para bloquear proyectos tanto de generación como de transmisión y las barreras burocráticas en temas de licenciamiento ambiental.

“Tenemos que cambiar la forma en que se regula y en la que se aprueban las licencias ambientales de estos proyectos. No tiene sentido que una regulación que estaba hecha para prevenir el derrame de petróleo o la contaminación de la minería, se le aplique a un proyecto eólico, solar o a una línea de transmisión. Bloquear lo que puede solucionar los problemas es castrarnos la posibilidad de aprovechar la oportunidad que tenemos”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

¿Y los títulos mineros?

La minería, otro de los sectores que pide con urgencia revisar la forma y manejo en la que se otorgan licencias ambientales en Colombia, ha advertido del impacto que significan medidas como el Decreto 044 de 2024, con el cual se cambian los criterios para obtener títulos mineros y restringir actividades de minería en áreas de especial importancia ecológica.

Este decreto avalado a inicios de año por los ministerios de Minas y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca evitar que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles y así impedir que se generen problemas jurídicos, pues conlleva a generar reservas temporales en estas zonas. No obstante, los proyectos que ya tienen sus licencias para operar no se ven afectados por este decreto. 

Esto es clave porque según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), de los 114 millones de hectáreas del territorio nacional, solo el 5 % están tituladas para la actividad minera, de las cuales el 2,3 % está en exploración, 1,6 % en construcción y montaje y 1,1 % en explotación.

A pesar de ello, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha señalado que el decreto puede ser usado de manera subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada ligadas a la minería, ya que permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios, ni criterios técnicos.

Además, desconoce la autonomía de las autoridades territoriales y anula la competencia en materia ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). También ignora los análisis y el rigor técnico, lo que va en contravía de la objetividad que debe primar en las decisiones administrativas.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ha manifestado que “el Gobierno no puede olvidar que la minería formal representa el 3 % de la economía nacional, más de $20 billones en aportes de renta, regalías y más de $1 billón en inversiones ambientales y sociales”.

Importancia de los Títulos POMCA

Ante este panorama y el impacto de otorgamiento de licencias en otros sectores estratégicos para la economía colombiana como infraestructura o hidrocarburos también cobran relevancia los Títulos POMCA que son instrumentos de planificación que buscan regular el uso del agua y la gestión de cerca de 400 cuencas hidrográficas estratégicas en Colombia, protegidas por estos en el país. 

En un país como Colombia, caracterizado por su diversidad biológica y geográfica, la protección de las cuencas hidrográficas es fundamental para preservar la biodiversidad, mitigar el riesgo de desastres naturales y garantizar el acceso equitativo al agua para todos los sectores de la sociedad.

Además, los títulos POMCA son clave para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático, como la variabilidad en los patrones de precipitación y el aumento de eventos extremos. Al promover prácticas de uso eficiente del agua y conservación de los ecosistemas acuáticos, contribuyen a fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático.

5 claves para la implementación efectiva de los títulos POMCA

1. Participación y concertación: la participación de todos los actores involucrados en la gestión de las cuencas hidrográficas es fundamental para el éxito de los POMCA. Esto implica la inclusión de comunidades locales, grupos indígenas, organizaciones ambientales, sector privado y entidades gubernamentales en el proceso de diseño, implementación y seguimiento de los planes de ordenación y manejo.
2. Enfoque ecosistémico: los títulos POMCA deben adoptar un enfoque integral que considere la interconexión entre los diferentes componentes de los ecosistemas acuáticos. Esto incluye la protección de fuentes de agua, la conservación de ecosistemas ribereños, la gestión de caudales ecológicos y la prevención de la contaminación, entre otros aspectos.
3. Monitoreo y evaluación: es fundamental establecer sistemas de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto de las acciones implementadas en el marco de los POMCA. Esto incluye la evaluación de la calidad del agua, el estado de los ecosistemas acuáticos, el cumplimiento de las normativas ambientales y los indicadores de participación ciudadana.
4. Coordinación interinstitucional: la gestión de las cuencas hidrográficas involucra a varias entidades a nivel nacional, regional y local. Por lo tanto, es necesario promover la coordinación interinstitucional y la articulación de esfuerzos entre diferentes actores para evitar duplicidades, optimizar recursos y garantizar la coherencia en la aplicación de los POMCA.
5. Inversión y financiamiento: la implementación de los títulos POMCA requiere de recursos financieros adecuados para desarrollar acciones de conservación, restauración y manejo sostenible de los recursos hídricos. Es importante promover mecanismos de financiamiento innovadores, como el pago por servicios ambientales, la captura de carbono o la inversión pública y privada en proyectos de conservación.

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