El posconflicto y el crecimiento económico: efecto positivo, pero moderado

El Índice de Conflicto en Colombia (ICOC) se construyó por primera vez en nuestro artículo de coyuntura Crecimiento económico y conflicto interno en Colombia (Riveros, 2013). Este es un indicador que tiene como propósito medir de forma agregada el nivel de incidencia del conflicto armado. Para su elaboración se tienen en cuenta las series históricas de las variables más afectadas por la lucha armada: homicidios, miembros de la fuerza pública caídos en combate, secuestros y extorsiones.

En general, los eventos que componen el ICOC muestran un comportamiento similar. Los homicidios y los secuestros se incrementaron de manera sostenida hasta inicios de este siglo, momento en el cual llegaron a sus peores registros. A partir de ese momento, han descendido, y las mejoras apreciadas en años previos se han mantenido hasta 2015. En el caso de los uniformados caídos en combate, la tendencia coincide con la de las dos variables anteriores, aunque resulta más volátil.

Las extorsiones son la variable en la que se ha apreciado un marcado deterioro después de la reducción experimentada entre 2003 y 2008 (ver gráfica 1). Esta actividad resulta la de mayor preocupación en materia de seguridad, teniendo en cuenta que en 2013 se duplicó, que en los últimos tres años ha llegado consecutivamente a niveles máximos.

Combinando los anteriores indicadores, la gráfica 3 muestra el comportamiento del ICOC. Como se aprecia, el índice muestra que el conflicto interno llegó a su máxima intensidad entre 2000 y 2002. A partir de ese momento, se presentó una corrección apreciable, la cual se extendió hasta 2008. Posteriormente, se ha estabilizado en un rango estrecho, y en 2015 cerró en -0,39.

Lo anterior supone que, a pesar de su reducción en los últimos 13 años, el ICOC todavía presenta un margen de mejora apreciable. Esto, teniendo en cuenta que su nivel más bajo, aquel en donde todos sus componentes totalizan cero, sería de -2,8.

Dicho en otras palabras, pese a que la intensidad del conflicto se ha reducido en la última década y que esta disminución ha generado efectos positivos para la economía colombiana, el nivel de intensidad del conflicto podría exhibir reducciones adicionales, las cuales a su vez generarían mejoras extra en materia de actividad productiva.

Como lo describimos en nuestro análisis inicial sobre este tema (Riveros, 2013), la historia del país en los últimos 40 años evidencia un vínculo estrecho entre la intensidad del conflicto armado medida a través del ICOC y la variación del PIB. Con base en esta evidencia empírica, formulamos varios modelos de regresión, en los que explicamos esta última en función de algunas variables independientes, entre las que se encuentra el ICOC. Estos modelos confirman que existe une relación negativa y significativa entre el crecimiento económico y la intensidad del conflicto.

Una vez establecida esta relación, procedimos a cuantificar el crecimiento económico adicional del PIB que se podría generar bajo diferentes escenarios de intensidad del conflicto. Para tal fin, es oportuno plantear las siguientes consideraciones:

• Resulta complejo medir la reducción en la intensidad del conflicto que se presentará con la ejecución de los acuerdos de La Habana. Si bien la renuncia de las Farc al uso de las armas propiciará una reducción en las manifestaciones que recoge el ICOC, es improbable que solo por la ejecución de lo acordado en La Habana, este llegue a sus niveles mínimos potenciales. Esto, por cuanto la posible acción de otros grupos al margen de la ley impediría que se concrete un ajuste total de este indicador.
• Por lo anterior, decidimos plantear un escenario base (con mayor probabilidad de ocurrencia) en el que los secuestros y los miembros de la fuerza pública caídos en combate se reducirían a niveles cercanos a los observados en los setenta, que fue una década de baja incidencia de estos eventos.
• Además, el escenario base supone que la tasa de homicidios se reduzca hasta el promedio de Suramérica, excluyendo Venezuela (aproximadamente 13 por cada 100 mil habitantes).
• Con el propósito de tener un estimativo del tamaño máximo que podría exhibir el dividendo económico de la paz, planteamos un escenario optimista, al cual asignamos una baja probabilidad de ocurrencia. Este asume que en 5 años los secuestros, las extorsiones y los uniformados caídos en combate se reducirían a cero, y que la tasa de homicidios bajaría hasta el nivel promedio de los países de la OCDE (2 por cada 100 mil habitantes).
• Asumimos que la reducción en la intensidad del conflicto y su efecto positivo sobre el crecimiento se materializarán paulatinamente y alcanzarán su nivel máximo en un horizonte de 5 años. A nuestro juicio, es razonable suponer que los catalizadores del crecimiento (dinamización sectorial, fomento a la inversión y aumento del consumo interno) se materializarán de forma gradual en dicho período.

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 1. Como se aprecia, en el escenario base el ICOC se reduciría desde -0,39 hasta -1,42. Bajo dichas condiciones el crecimiento se aceleraría paulatinamente, y este efecto adicional alcanzaría su máximo en 5 años, con un valor de 0,42%.

Por su parte, bajo el escenario optimista de una reducción sustancial del nivel de intensidad del conflicto, encontramos que el mayor aumento en el crecimiento del PIB sería de 0,94%. Este nivel está por debajo de la parte inferior del rango de crecimiento adicional (entre 1,1% y 1,9%) que han estimado las autoridades para el dividendo económico de la paz (DNP, 2015).

Además, consideramos oportuno medir el grado con el que diferentes fenómenos violentos que se recogen en el ICOC afectan a la economía. Este análisis es relevante, en la medida en que la entrega de armas de las Farc probablemente conducirá a la reducción de algunos de estos hechos, mientras que es posible que otros no tengan un espacio de mejora sustancial, debido a que también son responsabilidad de otros grupos al margen de la ley.

Por lo tanto, hicimos una serie de simulaciones en las que asumimos que cada uno de los componentes del ICOC se reduce por completo en 5 años, en tanto que los demás permanecen constantes. Para el caso particular del número de homicidios el mínimo contemplado es llegar a la tasa promedio de los países de la OCDE.

Los resultados, que están resumidos en la tabla 2, muestran que los homicidios son el hecho relacionado con el conflicto que más afecta a la economía. Si tan solo este se redujera de forma apreciable, el crecimiento del PIB se podría acelerar en 0,36%. Este resultado es razonable, en la medida en que las muertes violentas reflejan, más que cualquier variable, el nivel de seguridad que se vive en un país y el grado de influencia que tienen las organizaciones delictivas.

En segundo lugar se encuentran las extorsiones. De acuerdo con nuestros cálculos, si exclusivamente este delito desapareciera en 5 años, el crecimiento del PIB sería mayor en 0,31%. La alta incidencia económica de las extorsiones hoy en día depende, por una parte, del marcado incremento en los últimos años que ya comentamos. Pero, por otro lado, se trata de un crimen que afecta en gran medida la iniciativa económica privada, en particular a las Pypes y a las empresas con operación regional.

El tercer hecho violento que más efectos económicos presenta son los uniformados caídos en combate con los grupos irregulares, con un impacto estimado en crecimiento de 0,22%. Finalmente se encuentran los secuestros, a los cuales los modelos asignan apenas un impacto en crecimiento de 4 pbs. Creemos que la razón por la cual su incidencia es tan baja es porque se trata del delito recogido en el ICOC que más se ha reducido en años recientes, y por lo tanto es el que presenta un menor margen de mejora adicional.

Con el fin de poner en perspectiva la estimación de crecimiento adicional que obtuvimos al emplear la evidencia histórica del país, y para poder visualizar el efecto del posconflicto en otras variables económicas, tomamos como referencia los casos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Perú.

A pesar de que la revisión de los indicadores sigue en líneas generales lo efectuado por el DNP (2015), diferimos de dicho análisis en que optamos por tomar como referencia todos los posconflictos ocurridos en la región. Reconocemos que la forma en que finalizó cada uno de estos conflictos es diferente, y ello tiene una incidencia en su impacto económico.

Sin embargo, consideramos apropiado consultar estas experiencias, ya que se trata de países latinoamericanos con los que Colombia puede tener más similitudes frente a casos en otras latitudes.

En materia de crecimiento del PIB, la tabla 3 muestra que, frente a las tasas promedio antes de la finalización del conflicto armado, en El Salvador, Perú y Nicaragua se presentaron crecimientos promedio más altos. Por el contrario, el crecimiento de Guatemala en el posconflicto se desaceleró. También es relevante mencionar que en El Salvador y Perú las tasas de crecimiento se moderaron en los años posteriores al fin del conflicto.

Además, estas cifras ponen de manifiesto que las condiciones económicas previas del país condicionaron el desempeño después de superado el conflicto. De hecho, Perú y Nicaragua experimentaron fuertes desajustes macro, y el posconflicto coincidió con procesos de ajuste que a la postre pudieron tener una mayor incidencia en el desempeño económico que la lucha armada.

Con respecto al crecimiento del PIB per cápita (ver tabla 4), la evidencia de los otros países no es concluyente. Perú es el único de los casos en los que esta tasa aumenta en el posconflicto. Sin embargo, después de los primeros cinco años esta aceleración se disipa.

Por lo tanto, al agregar la información referente al PIB encontramos que el incremento en su crecimiento no es una tendencia consistente en las demás experiencias de posconflicto en América Latina. Una conclusión similar se obtiene al observar los crecimientos en el consumo y la reducción en el desempleo (ver tablas 5 y 6). Solo en Perú la variable se incrementó frente a los registros anteriores al fin del conflicto. Sin embargo, después de 5 años su repunte terminó debilitándose. En cuanto a la desocupación, en El Salvador y Guatemala se apreciaron reducciones en el posconflicto, mientras que en Perú y Nicaragua el indicador tendió a aumentar.

Por su parte, la inversión medida como proporción del PIB es una de las variables que sí presenta una mejora inequívoca en los países en los que hay información completa (Guatemala, Perú y El Salvador). Solo en este último, el nivel de la inversión presentó un salto apreciable frente al promedio anterior al fin del conflicto. Asociamos dicha mejora al hecho de que la reducción en las acciones violentas genera un ambiente que propicia la inversión.

A pesar de esta evidencia, no creemos que en Colombia el posconflicto genere un repunte significativo en el monto de la inversión.

Esto se debe a que este indicador ya se encuentra en niveles superiores a sus parámetros históricos (su valor más reciente es 25,4% y desde 2000 ha promediado 21%) y su tendencia reciente es de reducción, debido a la caída de los términos de intercambio y la caída de la actividad minero-energética. En tales circunstancias, luce poco probable que el posconflicto logre movilizar gastos de inversión que logren revertir dichas tendencias.

Por último, en los 4 países analizados el posconflicto trajo consigo reducciones consistentes en la inflación. Perú y Nicaragua experimentaron en el lustro previo marcadas hiperinflaciones que fueron corregidas más adelante, mientras que El Salvador y Nicaragua pasaron de registros de 2 a 1 dígito de forma consistente. Si bien desde el punto de vista conceptual no hay argumentos sólidos que sustenten esta mejora, es posible que se haya debido a la adopción de medidas que hayan redundado en un ambiente de mayor estabilidad macroeconómica.

Al igual que lo que ocurre con el nivel de inversión, no consideramos que el posconflicto implique un cambio significativo en la tendencia de inflación que tendrá Colombia en los próximos años. Esto se debe a que no solo los temas de política económica quedaron por fuera de las negociaciones de La Habana, sino porque el régimen de inflación objetivo se ha consolidado y ha ganado creciente credibilidad en el país. Lo anterior garantiza que independientemente de lo que ocurra en el ámbito social, la autoridad monetaria tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la meta de inflación.

Para concluir esta sección, la evidencia de los países latinoamericanos que han vivido procesos de fin de conflicto en su historia reciente muestra que la inversión y la inflación han sido los indicadores económicos que han mejorado de forma consistente después de alcanzado este hito. Dadas las condiciones actuales de nuestro país, creemos que en estos frentes el margen de mejora para Colombia es limitado.